El compañero secretario general de APOC y secretario general de la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control (ULATOC) y de la Unión Internacional de Trabajadores de Organismos de Control (UITOC), Hugo Buisel Quintana, habló en la 105° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT), en la asamblea realizada en la ciudad de Ginebra, el día 3 de junio.

El compañero Quintana expresó, entre otros conceptos que “desde hace algunos años venimos promoviendo en y desde la OIT, la importancia de tomar conciencia sobre la necesidad de asegurar un blindaje de la condiciones laborales de quienes somos el primer eslabón y el alerta temprana para evitar la corrupción, para custodiar los intereses del Estado, y con ello fortalecer las instituciones democráticas y asegurar calidad y eficiencia de la políticas públicas para el conjunto de la sociedad”.

 

A continuación, transcribimos el discurso completo del compañero Hugo B. Quintana:

La memoria del director general “Terminar con la pobreza, la acción de la OIT en ese sentido, en el contexto de la agenda 2030”, constituye una hoja de ruta indispensable si queremos avanzar hacia la construcción de un mundo más humano y solidario basado en la justicia social, principio fundante de esta organización internacional, que se aproxima a celebrar 100 años de fecunda labor.

Deseamos reiterar nuestro compromiso con la singularidad del tripartismo, la fecunda labor normativa realizada y que debe seguir realizando, así como el control normativo, que procura asegurar un trabajo decente, respetuoso de la dignidad del hombre y la mujer que trabajan generando riqueza y bienestar.

Me dirijo a ustedes a nombre de la unión Latinoamericana de trabajadores del Organismos de Control-ULATOC-, su expresión internacional la UITOC, y la red de Trabajadores de Control Público, Justicia e Impuestos.

La misión de los trabajadores que representamos es servir al bien común alertando y advirtiendo en tiempo y forma los eventuales desvíos, para recomendar acciones correctivas en la administración de la cosa pública, en procura de la transparencia, una seria y responsable administración de Justicia y equidad social.

Nuestras organizaciones tienen como prioridad la lucha por el trabajo digno de sus afiliados y dedican sus recursos a fortalecer y valorizar los derechos laborales sindicales a través de estrategias nacionales, regionales e internacionales.

Hemos determinado como factores a superar para alcanzar los objetivos planificados, tres ejes centrales que atentan tanto contra nuestros trabajadores, como contra el avance social y son: la desigualdad, la corrupción y la falta de calidad institucional.

Desde hace algunos años venimos promoviendo en y desde la OIT, la importancia de tomar conciencia sobre la necesidad de asegurar un blindaje de las condiciones laborales de quienes somos el primer eslabón y el alerta temprana para evitar la corrupción para custodiar los intereses del estado, con ellos fortalecer las instituciones democráticas y asegurar calidad y eficiencia de las políticas públicas para el conjunto de la sociedad.

En efecto, hemos peticionado, con apoyo de la Internacional de Servicios Públicos-ISP- para que la OIT se aboque a desarrollar una norma internacional que ampare a los trabajadores en funciones sensibles, que sufren la falta de independencia y que soportan diferentes formas de acoso laboral, político, económico, etc. en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, con riesgo de su estabilidad laboral, la integridad y hasta la vida de nuestros afiliados.

Lamentablemente conocemos cada día nuevos ejemplos de la coptación de los organismos de control público, la justicia y la administración de impuestos por intereses que impiden y distorsionan nuestra labor.

La corrupción es un cáncer que está carcomiendo la sociedad universal. Socava la democracia, el estado de derecho, favorece la violación de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida y el trabajo decente y digno, favoreciendo la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico y otras lacras que amenazan a la sociedad.

Este problema está presente tanto en el sector público como en el privado, en países grandes y pequeños, ricos y pobres, pero a quienes más afecta es a los trabajadores, atacando el trabajo digno y desalentando el desarrollo sustentable con inclusión.

La mejora de la gobernanza, fortaleciendo la calidad de las instituciones públicas, es el primer resultado que se obtiene cuando nuestros trabajadores pueden ejercer sus funciones sin acoso ni presión externa ni interna en los organismos de control, así como en la administración de justicia y la fiscalidad.

La corrupción es la condición necesaria para la evasión fiscal y el lavado de activos que debilitan las políticas públicas y atacan a la equidad fiscal, vinculado a ello el narcotráfico, la trata de seres humanos, amparados por la ausencia del estado, la desigualdad y la corrupción atacan crecientemente al trabajo y a la sociedad, por ello reiteramos el lavado de activos no solo es una ingeniería financiera para la evasión fiscal, sino que además está manchado con la sangre de nuestros pueblos.

Las organizaciones sindicales no podemos permanecer indiferentes a esta problemática.

Mediante una mayor transparencia y atacando las prácticas corruptas los estados podrían gestionar en forma más eficiente, equilibrando sus déficits a través de un gasto más eficaz y transparente, reduciendo los sobrecostos que debilitan las finanzas del Estado. De este modo la eliminación de la corrupción permitiría realizar los verdaderos ajustes necesarios, en vez de los mecanismos que hoy impone el modelo neoliberal, basado en privatizaciones, reducción de puestos de trabajo, salarios y programas sociales.

Por ello es prioritario blindar a los órganos de control del Estado, la administración impositiva a través de sus trabajadores y a los denunciantes, ya que son los actores fundamentales en toda política de promoción de transparencia y lucha contra la corrupción.

Requerimos una norma de la OIT contra el acoso y violencia laboral, política o económica que incluya la protección específica en los lugares de trabajo de quienes denuncian, asegurando que ni la estabilidad laboral ni la vida misma sea puesta en juego por el cumplimiento de nuestra responsabilidad laboral.

Conocemos que al día de hoy en distintas áreas específicas de la OIT, como son los departamentos de normas y actividades sectoriales, así como Actrav (Oficina de Actividades para los trabajadores) y el propio Consejo de Administración se ha comprendido la importancia y significación de nuestra iniciativa.

Se hace necesario ahora que el conjunto de las organizaciones de trabajadores y empleadores y gobiernos, comprendan y asuman la defensa de esta iniciativa que no beneficiará solo a los trabajadores de control, la justicia, la administración impositiva y otros particularmente sensibles, sino que beneficiará al conjunto de la sociedad garantizando la calidad institucional y la lucha contra la corrupción.

Para ello demandamos que la OIT impulse la realización de un estudio que permita constatar la dimensión y universalidad de la problemática que denunciamos, se impulsen seminarios y/o talleres en los que se pueda aumentar la comprensión del problema por parte de los gobiernos, empleadores y trabajadores, eventualmente se realice una reunión de expertos, tras lo cual el Consejo de Administración acuerde la elaboración y discusión de una norma a ser aprobada en conferencia.